La controvertida ley de Arizona
La sentencia de una jueza federal de los EE.UU. ha impedido la aplicación de normas más duras contra inmigrantes ilegales
En los Estados Unidos viven 11 millones de personas en situación ilegal. Desde diciembre de 2006, cuando asumió el presidente mexicano, Felipe Calderón, su gobierno entabla una guerra sin cuartel contra el narcotráfico, que ya se ha cobrado 28.000 vidas.
Es un motivo más que tienen muchos mexicanos para emigrar, si bien el Norte siempre ha formado parte de los sueños de aquellos que, por falta de trabajo en su propio país, se aventuran a conseguirlo tras superar inmensas dificultades en sus travesías como inmigrantes ilegales.
Frente a ese fenómeno recurrente, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quiso reforzar los controles en momentos en que, como consecuencia de la crisis, la situación económica ha empeorado. Poco antes de que entrara en vigor la ley, una jueza federal ha suspendido sus cláusulas centrales. Con ello ha evitado que se tensara aún más la situación de los indocumentados.
Fue una forma de darle la razón al presidente Barack Obama. Refirmó la autoridad del gobierno federal sobre las legislaciones estatales en un tema tan candente como controvertido. El fallo de la jueza Susan Bolton ha ido en ese sentido, pero lejos ha estado de apaciguar los ánimos de los residentes.
Con la crisis se han perdido varios puestos de trabajo: sólo en julio, 131.000. Ese no fue el motivo por el cual la gobernadora Brewer intentó reforzar los controles, sino un llamado de atención a Washington sobre la necesidad de reformular la política inmigratoria. No llegaron a tanto los representantes (diputados), pero aprobaron ayer un fondo de 600 millones de dólares para aviones no tripulados de vigilancia y 1500 agentes más en la frontera con México. Demócratas y republicanos coincidieron de ese modo en la necesidad de mejorar la seguridad en toda la frontera, no sólo en Arizona.
La sentencia de la jueza Bolton no es definitiva y, de hecho, el sheriff Joe Arpaio, famoso por perseguir inmigrantes, sigue fijando la agenda en Arizona. Lo positivo es que, al margen de que los ánimos ya estaban caldeados por la intención de la gobernadora Brewer de detener el ingreso de indocumentados convirtiéndolo en un crimen estatal, sentó un precedente para los otros estados con miras a combatir la inmigración ilegal.
La ley de Arizona tuvo más impacto que cientos de estatutos adoptados en otros estados para desalentar a los inmigrantes indocumentados. En el caso de Arizona, la obligación de la policía de interrogar a toda persona que detenga ha desatado una oleada de solicitudes a las autoridades federales de inmigración para que hagan valer su autoridad.
Es imposible juzgar a alguien sólo por patrones raciales que, en realidad, ni siquiera están definidos. ¿O acaso es necesario ser moreno y de baja estatura para despertar las llamadas "sospechas razonables"? Así lo ha entendido la jueza Bolton, nombrada por el presidente Bill Clinton en 2000.
Fue sabia en defender los principios constitucionales y los derechos individuales por encima del alineamiento coyuntural de la población de Arizona a una decisión en particular.
Esto habla muy bien de su independencia de criterio y, a su vez, de la independencia de poderes que rige en los Estados Unidos y que, tantas veces, brilla por su ausencia en la Argentina.
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